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La Cámara de Diputados, en su sesión de tablas, remitió en segunda revisión al Senado la denominada “Ley Hojarasca 3”, por la que se propone revisar, depurar y simplificar el marco normativo vigente en Mendoza.
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El proyecto forma parte de un proceso integral destinado a ordenar el sistema legislativo provincial. La idea consiste en generar un digesto para que las normas sean claras y para revisar temas que estaban sobrerregulados o que generaban demasiada burocracia para su aplicación.
“Este proyecto constituye la tercera etapa de un proceso integral orientado a revisar y actualizar la totalidad del marco normativo provincial. En la primera etapa se analizaron las leyes generales vigentes sancionadas hasta el año 1950. En la segunda etapa se analizaron las leyes generales vigentes sancionadas entre los años 1951 y 1975”, y “en esta oportunidad, el análisis abarca aquellas sancionadas entre 1976 y 1990″, señala la fundamentación.
En esa línea, agrega que “durante el análisis del último período señalado 1976-1990) se revisaron 303 leyes generales vigentes, de las cuales se propone la derogación total de 133 y parcial de 1. La elección de este intervalo temporal responde a la posibilidad de llevar a cabo una revisión exhaustiva, acorde con los recursos humanos actualmente disponibles. Las normas sancionadas con posterioridad a 1991 serán objeto de análisis en las siguientes etapas del proyecto».
La iniciativa organiza las derogaciones según tres criterios principales: leyes superadas por los avances tecnológicos, económicos o el paso del tiempo; normas reemplazadas por legislación posterior más completa y moderna; y leyes que perdieron sentido porque los organismos o instituciones a los que hacían referencia dejaron de existir. De este modo, se busca contar con un ordenamiento jurídico más claro, actualizado y coherente con la realidad institucional de la provincia.
Durante su tratamiento en el recinto, la diputada Beatriz Martínez (UCR) resaltó el “impulsar el saneamiento integral del marco normativo en Mendoza, para lograr una legislación más clara, coherente y aplicable, eliminando normas obsoletas”.
Destaco al mismo tiempo que este proyecto, responde “no solo a un fenómeno que está ocurriendo en otros lugares, sino que viene también a dar respuesta en la búsqueda de sistemas normativos que se ajusten de una mejor manera, no solo a la ciudadanía, sino también a aquellas personas que aplican el derecho, y también a los legisladores y legisladoras que tratamos a diario la normativa”.
Finalmente, afirmó que “es casi igual de importante el dictado de una norma cuando se requiere una solución legislativa, como también la derogación o revisión de las mismas cuando ya carecen de objeto”.
