Pablo Marcelo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí y mediáticamente conocido como «El señor del Tabaco», realizó declaraciones radiales este fin de semana buscando desligarse de los cuestionamientos que surgen hacia él y su empresa por venir incumpliendo desde hace tiempo un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Esa sentencia lo obliga a pagar el impuesto mínimo fijado hasta este año a los cigarrillos y que le ha generado a la ex AFIP un perjuicio económico estimado por especialistas del sector en US$ 5.823 millones en la última década. Esa presunta evasión, se especula, le permitió crecer en el mercado desde una participación del 5% a su actual posición, de más del 35%.
Otero negó todas las acusaciones y apuntó contra los medios de comunicación y contra su principal competidora Massalin Particulares por llevar a cabo una supuesta campaña de «desprestigio», al tiempo que denunció un presunto «hostigamiento» de parte del ente tributario, rebautizado por este gobierno como ARCA. «Se han pasado de largo, fuera de su potestad», dijo en una nota realizada en la emisora AM 750, que pertenece al Grupo Octubre del sindicalistas Víctor Santa María.
La aparición de Otero se dio luego de una serie de artículos de Clarín que revelaron que, además de la deuda por evasión que mantiene desde hace años con AFIP, está subdeclarando los precios de los cigarrillos que comercializa y que tienen a Red Point como marca más conocida en el mercado.
También se produce luego de que en una nota del diario La Nación se planteara el intento de Sarandí por lograr que los 50 millones de dólares que expuso en el último blanqueo se puedan aplicar a parte de la deuda que tiene su tabacalera por subfacturar esas ventas, una operatoria que le permitiría tributar unos US$ 450 millones menos de lo que le corresponde. Y en la misma semana en que se produjo la salida de dos funcionarios de larga trayectoria en la ex AFIP que se encargaban de fiscalizar todo lo concerniente al área de cigarrillos.
Sus críticas hacia los medios, sus competidores y ARCA
El jefe de Sarandí, que suele expresarse por redes sociales, esta vez salió a defenderse por radio. En una charla de casi 45 minutos, aprovechó la oportunidad para cuestionar fuertemente a quienes, según él, instalaron una campaña de desprestigio hacia su su empresa, aunque también explicó los motivos por los que su compañía puede ofrecer un producto más económico que las multinacionales.
«Nosotros ofrecemos un producto más barato. No tenemos que girar dólares al exterior, no tenemos gastos gerenciales por las nubes, como tienen Massalin y BAT. Es una empresa nacional, como si fuera una segunda marca. Las marcas internacionales tienen un costo mayor», sostuvo el empresario tabacalero, que puso su mira sobre todo en Massalin, la subsidiaria de Philip Morris International, que controla más del 50% del mercado.
«La primera ley Massalin obligaba a los oferentes a vender a tres cuartas partes del precio más vendido de la marca más vendida. Ergo, su marca. En Argentina, las multinacionales escriben sus propias leyes», recordó sobre los distintos tratamientos que hubo en el Congreso de la Nación sobre la venta de cigarrillos, incluida la última Ley Bases, que modificó el esquema impositivo del sector.
Además, sobre el incumplimiento del fallo que firmó la Corte Suprema en su contra por haber evadido casi US$ 6.000 millones, negó que fuera así y declaró: «Massalin se encargó de decir que no pagamos impuestos para defenestrarnos».
Además, incluyó a los medios de comunicación en lo que denominó como operaciones en su contra para desprestigiarlo. Y cuestionó a la ex AFIP. «Se han pasado de largo, fuera de su potestad. Para llegar a denunciar a AFIP hay que pasarla mal, porque denunciás a quien tenés que rendirle cuenta», opinó.
Dos salidas en ARCA y el proyecto para «grandes compañías nacionales»
Los dichos de Otero se produjeron tras una semana en la que distintos referentes del sector se sorprendieron por la salida de dos funcionarios de larga trayectoria dentro de la ex AFIP, que no serán parte de ARCA. Uno de ellos es Gustavo Pandazi, quien desde hace más de 20 años era supervisor dentro de la división de fiscalización externa, destinada a Grandes Contribuyentes.
Desde junio de este año, tras la jubilación de su jefe Claudio Aletta, Pandazi había quedado a cargo de la división del área de cigarrillos. Desde allí fiscalizaba tanto a Massalin Particulares como a Tabacalera Sarandí, los dos principales jugadores de un mercado que tiene a BAT como tercer actor, con cerca del 10% de las ventas en todo el país. Según trascendió, a Pandazi lo echaron del ARCA a cargo de Florencia Misrahi.
También se fue de manera anticipada, renuncia mediante, la jefa de la División Trámites y Consultas de Grandes Contribuyentes Nacionales, Miriam Simon. «No aguantaba más la situación», sostienen fuentes que refieren a lo difícil que era supervisar un área tan compleja como la de los cigarrillos, en un momento en el que se habla de modificaciones en las regulaciones impositivas.
En el artículo de La Nación, por caso, se cuenta la posibilidad de crear una división especial para las empresas nacionales más fuertes e incluirlas dentro del área de compañías nacionales. Ese ámbito le podría dar a Sarandí la posibilidad de pagar parte de lo subdeclarado con fondos ingresados al blanqueo, que se estiman en US$ 50 millones.
Detrás de esa movida estaría Andrés Vázquez, titular de la DGI, de pasado kirchnerista en la AFIP de Ricardo Echegaray y que hoy reporta a Santiago Caputo dentro del mileísmo. Otro texto de La Nación, del domingo, revela el entramado dentro de AFIP que le permitió a tabacaleras como la de Otero a no pagarle $ 187.500 millones al fisco
Cuánto declara Sarandí en ARCA y a cuánto vende
De acuerdo a información del sector a la que pudo acceder Clarín, la marca más conocida de Sarandí, el Red Point, figura a $ 800 como precio declarado de venta en AFIP pero se vende en la calle a $ 1.900, al igual que otras marcas que comercializa Sarandí o tabacaleras nacionales de menor peso pero que también subdeclaran.
La diferencia se ubica entre un 100% y un 140% y contrasta con los cigarrillos de BAT y Massalin, las dos multinacionales que venden en el país. Por caso, un Lucky (BAT) o un Marlboro (Massalin) están declarados a $ 1.350 y se venden a $ 1.600, una diferencia de 19%.
Esa cifra resulta clave porque en el artículo 229 de la Ley 27.742, sancionada por el Gobierno este año, se establece que «se considerará que no constituye una base idónea todo precio informado por los sujetos pasivos, que resulte inferior, como mínimo, en un 20%». Es decir, se los habilita a declarar hasta un 20% menos de lo que se vende en los kioscos. Sarandí supera largamente ese monto y por eso se calcula que subdeclara unos US$ 450 millones anuales.
Esa nueva deuda que viene acumulando Otero se da mientras en la Corte Suprema de Justicia, que este año ya le falló en contra al Señor del Tabaco y obligó a la AFIP a cobrarle, todavía debe resolver la constitucionalidad del Impuesto Mínimo Interno que se derogó a mitad de año pero que Otero no pagó de manera sistemática durante la última década y provocó una evasión estimada, según la consultora Abeceb, en US$ 5.823 millones.