Plazo para obtener título pedagógico se extiende para docentes de colegios privados
admin
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El Congreso de la República aprobó en segunda votación un dictamen que extiende el plazo para que los docentes de instituciones educativas privadas puedan subsanar la obtención de su título pedagógico y así cumplir con los requisitos para ejercer la docencia en el país. La medida, que ha sido respaldada por una significativa mayoría en el pleno, busca regularizar la situación de miles de maestros que, a pesar de estar ejerciendo su labor en colegios privados, aún no cumplen con los estándares establecidos por la Ley General de Educación.
La propuesta legislativa plantea una modificación a la primera disposición complementaria transitoria del Decreto de Urgencia 002-2020, que establece medidas para combatir la informalidad en los servicios educativos de educación básica en instituciones privadas y fortalecer la educación básica en estos centros. El objetivo de la reforma es dar un plazo adicional de dos años a los docentes para que puedan regularizar su situación académica y obtengan el título necesario para continuar con su labor docente.
La iniciativa fue inicialmente aprobada en una primera votación durante la sesión plenaria del 6 de marzo. En esta segunda votación, el dictamen recibió 62 votos a favor, 12 en contra y 5 abstenciones, lo que evidencia el respaldo mayoritario de los parlamentarios a la propuesta. Ahora, la modificación se encuentra más cerca de convertirse en ley, en un esfuerzo por formalizar la educación en el sector privado y asegurar que todos los docentes tengan los títulos pertinentes para desempeñar su trabajo de acuerdo con la normativa vigente.
El primer artículo del dictamen establece la modificación del plazo para las supervisiones orientativas en las instituciones educativas privadas de educación básica. Estas supervisiones se realizan con respecto al requisito de que los docentes cuenten con un título pedagógico o título profesional para ejercer la docencia. En este sentido, se regula el proceso de titulación de los docentes contratados, permitiéndoles subsanar la obtención de su título dentro del plazo extendido, lo que también redundará en beneficio de los estudiantes a quienes imparten clases.
Es importante destacar que la modificación no solo se refiere a los procedimientos administrativos para la obtención del título, sino también al proceso de formación continua de los maestros. La normativa tiene como fin último garantizar que los docentes estén lo suficientemente capacitados para brindar una educación de calidad, contribuyendo al fortalecimiento del sistema educativo del país.
La reforma también regula las acciones de supervisión que se llevarán a cabo en las instituciones educativas privadas. Estas supervisiones, según el texto aprobado, serán orientativas durante un período de siete años, comenzando desde la vigencia del decreto de urgencia, lo que permitirá a los centros educativos y a los docentes cumplir con los requisitos establecidos sin enfrentarse a sanciones inmediatas. De esta forma, el Congreso busca equilibrar las necesidades de los maestros, que a menudo se enfrentan a dificultades económicas o logísticas para completar sus estudios, y las exigencias del sistema educativo para asegurar una educación de calidad.
La ley busca regularizar la situación de los más de 100 mil docentes que actualmente laboran en instituciones privadas de educación básica sin contar con un título pedagógico o profesional. Este grupo de maestros representa una parte importante del sistema educativo privado, que ha crecido considerablemente en las últimas décadas debido a la demanda de servicios educativos alternativos y de calidad. Sin embargo, la falta de titulación en muchos de estos docentes ha generado preocupación sobre la calidad educativa que reciben los estudiantes.
Con la modificación aprobada, los docentes tendrán un plazo adicional para completar su formación y cumplir con los requisitos establecidos por la Ley General de Educación. Esto permitirá que, durante los próximos años, se realicen esfuerzos conjuntos entre los colegios privados, los docentes y las autoridades educativas para asegurar que la educación básica privada cumpla con los mismos estándares de calidad que la pública, especialmente en términos de la cualificación de los maestros.
El Decreto de Urgencia 002-2020, que fue emitido en el contexto de la pandemia de COVID-19, ya había dado un primer paso en la regulación del sector privado, estableciendo un marco legal para la formalización de la educación. Ahora, con la ampliación del plazo para la subsanación de títulos, se da una nueva oportunidad a los docentes para regularizar su situación sin que ello afecte su desempeño en el aula.
La decisión del Congreso responde a un contexto más amplio de fortalecimiento de la educación en el país, que busca mejorar la calidad educativa, no solo en las escuelas públicas, sino también en las privadas, que tienen un papel cada vez más relevante en la formación de los estudiantes en diversas regiones del país.
