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En el libro “Por qué fracasan los países”, Daron Acemoglu y James A. Robinson sostienen una tesis fundamental: ningún agricultor invertirá en mejores tecnologías si teme que su cosecha sea robada, expropiada o excesivamente gravada por el poder político. Por ello, el cumplimiento estricto de los derechos de propiedad no es solo importante, sino esencial para que la agricultura evolucione desde la subsistencia hacia un esquema de alta productividad.
El caso de China ilustra esta teoría con claridad:
-Estancamiento bajo control estatal: Bajo el mando de Mao, los derechos de propiedad eran casi inexistentes y la libertad económica estaba restringida, lo que hundió al país en una pobreza endémica.
-La revolución de los incentivos: Tras su muerte, Deng Xiaoping inició un proceso de liberalización. Abandonó las instituciones económicas extractivas y permitió que el mercado actuara, comenzando por el sector rural. Así, apeló a la propulsión empresarial de las personas del agro.
-El «sistema de responsabilidad familiar»: Al sustituir las comunas populares por este sistema, se permitió a los campesinos vender sus excedentes. Esta política desató el resurgir económico de China al introducir potentes incentivos de mercado.
Este cambio no fue casual; hubo una coyuntura crítica facilitadora; fue el resultado del fracaso y el sufrimiento causados por el desastre humanitario del llamado «Gran Salto Adelante» que presuntuosamente estableció Mao.
Deng no solo cambió leyes, sino que transformó la cultura de «sobrevivir al Estado» en una de «crecer con el mercado».
Es muy posible que, tras décadas de populismo e irracionalidad económica, Argentina se encuentre hoy en un punto de inflexión similar al caso chino, para dar lugar a una transformación estructural. El gobierno actual, que parece estar ganando la «batalla cultural» como lo hizo Deng en su momento, podría estar sentando las bases para un crecimiento sostenido donde el sector agroindustrial desempeñe un papel central, sin que ello implique relegar otras áreas competitivas.
Sin embargo, a inicios de 2026, persisten obstáculos significativos:
-Incentivos débiles: Los estímulos de mercado son aún insuficientes. Al no aprovechar plenamente las ventajas comparativas para desarrollar las competitivas, los eslabones de industrias y servicios «aguas arriba» (insumos) y «aguas abajo» (procesamiento) continúan aletargados. El desperdicio de oportunidades más evidente se manifiesta en los eslabones aguas arriba. Un ejemplo claro es el productor que, al postergar la renovación de su maquinaria, estanca el crecimiento de la industria metalmecánica local.
-Carga impositiva: Pese a los avances, el esquema fiscal erosiona la cadena de valor. Según estudios recientes, el Estado captura cerca del 56% de la renta generada por hectárea, con coeficientes incluso mayores en regiones marginales.
El sector sigue aguardando una reforma tributaria integral que elimine los impuestos en cascada y unifique las alícuotas del IVA. Solo así el país podrá trascender su función de exportador de materias primas y liberar el potencial de sus industrias y servicios.
Romper este molde implica quebrar el círculo vicioso para ingresar en uno virtuoso. Esto significa: mayor producción que incremente la recaudación vía Impuesto a las Ganancias, compensando la necesaria eliminación gradual de los Derechos de Exportación (DEX). Asimismo, implica la incorporación de tecnología —preferentemente doméstica— que genere empleo calificado y reduzca la vulnerabilidad climática.
Al sumar nuevos eslabones en la cadena de valor dentro del país, el crecimiento no solo elevará el nivel de vida de los habitantes, sino que fomentará un arraigo poblacional más equilibrado en todo el territorio nacional.
