
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamó por la seguridad del argentino Germán Darío Giuliani, detenido desde hace un año en Venezuela, y dictó una medida cautelar al considerar que se encuentra “en situación de gravedad y urgencia” y que su salud y su vida “están en riesgo de daño irreparable” en ese país.
Giuliani, abogado, fue arrestado en mayo del año pasado y es el único compatriota que permanece detenido por el régimen actual de Delcy Rodríguez, tras la liberación del gendarme Nahuel Gallo. Su arresto fue bajo acusaciones de terrorismo y narcotráfico, cargos que su entorno rechaza categóricamente.
Según afirmó la CIDH, órgano autónomo de la OEA con sede en Washington, el argentino no tiene contacto con sus familiares y nadie sabe sobre sus condiciones de salud ni su ubicación exacta en el Complejo Penitenciario de Yare, mientras que el régimen venezolano tampoco brindó información a la Comisión.
Debido a “esa situación de indefensión existe la posibilidad de que se materialice el riesgo en cualquier momento”, afirma la CIDH.
La resolución reclama a Venezuela que «adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Giuliani»; confirme de manera formal la ubicación actual e implemente las medidas necesarias para asegurar que sus condiciones de detención “sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia”.
Pide además que se le facilite la comunicación con familiares y abogados y se aclare su situación judicial, como también que no sea objeto de amenazas, intimidaciones y agresiones dentro de la cárcel.
Cuando la CIDH otorga una cautelar a favor de un detenido, significa que el organismo considera que esa persona podría estar en una situación grave de daño irreparable. La recomendación al Estado no tiene poder policial ni judicial directo, pero tiene peso diplomático y político y es una señal de que la situación del detenido ya ingresó en el radar internacional de los derechos humanos.
